La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investiguen los casos de niñas embarazadas entre los 10 y 12 años, al considerar que pueden constituir delitos.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, señaló que los colectivos feministas que dieron a conocer estos casos, con base en datos oficiales, tienen razón en denunciar estas situaciones.
Resaltó que ya dió instrucción a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional DIF y al Gabinete de Seguridad para abordar el tema.
Sheinbaum mencionó que los datos que circularon recientemente son graves y que no se pueden ignorar. Algunas denuncias refieren embarazos de niñas con hombres de hasta 69 años de edad. La presidenta indicó que se revisará cada caso con seriedad y que, si hay elementos penales, se procederá conforme a la ley.
Organizaciones como Save the Children y el colectivo Niñas, No Madres han documentado desde hace años la persistencia del embarazo infantil en México, especialmente en zonas rurales e indígenas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 600 niñas menores de 14 años resultaron embarazadas en 2024, muchas de ellas víctimas de violencia sexual.
Un registro de la Secretaría de Salud muestra 30 nacimientos ocurridos en 2024 donde las madres tenían entre 10 y 12 años, y se conoce la edad de los padres. En el caso más extremo, una niña de 12 años dio a luz en El Oro, Estado de México, con un padre de 65 años, lo que representa una diferencia de edad de 53 años. También destacan los casos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Xalapa, Veracruz, con padres de 50 años y madres de 12.
Entre los municipios incluidos se encuentran Texcoco, Ocosingo, Acapulco, Matehuala, Jáltipan, Ciudad Juárez, Tuxtla Gutiérrez, Puebla capital, Cuauhtémoc, Izúcar de Matamoros, Huejutla de Reyes, Celaya, Tecomán, Monterrey y Chilpancingo, entre otros. Las entidades más recurrentes son Veracruz, Puebla, Chiapas, Estado de México y Guerrero.
La ONU, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha recomendado al Estado mexicano reforzar las políticas públicas para prevenir el embarazo infantil, garantizar la educación sexual integral y asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva.
Sheinbaum reconoció que no conocía las cifras hasta que los colectivos las hicieron públicas y consideró que es necesario dar seguimiento institucional. Agregó que se dará a conocer más información una vez que se avance en las investigaciones.
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