Solicitan a la Corte impedir a ministras en debate sobre prisión preventiva oficiosa

 

Daniel García Rodríguez, quien fuera víctima de una prolongada prisión preventiva sin sentencia que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a condenar al Estado Mexicano, ha solicitado formalmente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, que declare impedidas a dos ministras en la próxima discusión sobre la prisión preventiva oficiosa (PPO).

Simón Hernández León, abogado de García Rodríguez, argumenta que las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa han expresado opiniones que comprometen su imparcialidad en este tema. Según el abogado, ambas ministras han manifestado posturas favorables a la PPO y han emitido juicios que podrían considerarse criminalizantes.

«En el caso de la ministra Estela Ríos, ella tiene a su cargo el expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2025. Sin embargo, en 2022, como Consejera Jurídica de la Presidencia, solicitó a la Suprema Corte mantener la prisión preventiva oficiosa, lo que constituye un prejuzgamiento», explicó Hernández León.

Respecto a la ministra Yasmín Esquivel, el abogado señaló que «realizó manifestaciones subjetivas y criminalizantes contra Daniel García y Reyes Alpizar en 2022, durante la Feria Internacional del Libro, al expresar que ‘qué bueno que hayan estado 16 años en prisión, que eran unos pobres angelitos'».

Por estas razones, la defensa de García Rodríguez considera que las ministras carecen de la objetividad necesaria para participar en la discusión sobre la PPO y ha solicitado a Hugo Aguilar Ortiz que las recuse.

Daniel García, por su parte, enfatizó la necesidad de que los ministros de la Corte comprendan las «graves repercusiones» que tiene la prisión preventiva oficiosa en la actualidad.

«Hoy en día, la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una herramienta de extorsión. El primer paso para liberar a una persona es la barandilla del Ministerio Público, y al haber convertido esto en una herramienta para liberar a cualquier delincuente desde la barandilla, se convierte al Ministerio Público en fiscal y juez», denunció García.

García también instó a que se revisen los aproximadamente 40 mil casos de personas que se encuentran actualmente en prisión preventiva en México y a que «se elimine esa barbaridad de la Constitución».

Actualmente, Daniel García ha interpuesto un amparo con el objetivo de revocar la condena de 35 años de prisión que le fue impuesta y ratificada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el 17 de marzo de 2023. García enfrenta este proceso en libertad, ya que la condena en su contra no es definitiva.

La decisión de la SCJN sobre este caso podría tener un impacto significativo en el debate sobre la prisión preventiva oficiosa en México y en la protección de los derechos humanos de las personas sujetas a esta medida cautelar.