La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que allana el camino para que el gobierno de Chihuahua investigue y persiga a exfuncionarios de la administración de César Duarte Jáquez por el presunto desvío de 14,609,583 pesos destinados a financiar campañas electorales del PRI en 2015.
La Corte revocó una sentencia anterior que negaba al gobierno estatal el carácter de víctima en este caso. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala avaló el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconociendo la legitimidad de la demanda de Chihuahua.
El desvío de fondos se habría realizado mediante la retención indebida de salarios de jefes de departamento y funcionarios de alto nivel del gobierno estatal. Estos recursos, según las investigaciones, fueron desviados para financiar las campañas del PRI durante las elecciones de 2015.
La resolución de la Suprema Corte surge tras un largo proceso legal. Un juez de control inicialmente rechazó el reconocimiento del gobierno de Chihuahua como víctima, decisión que fue apelada. Un tribunal colegiado declinó su competencia, llevando el caso finalmente a la Suprema Corte.
La defensa de los imputados argumentó que los fondos no eran de carácter público, sino aportaciones privadas de trabajadores del gobierno afiliados al PRI. Sin embargo, la SCJN rechazó este argumento, abriendo la puerta para que el gobierno de Chihuahua pueda continuar con las investigaciones y posibles acciones legales contra los exfuncionarios involucrados.
El litigio se inició durante la gubernatura de Javier Corral, tras la huida de César Duarte a Estados Unidos, donde fue arrestado y enfrenta diversos procesos. En 2017, cuatro exfuncionarios estatales fueron vinculados a proceso por delitos electorales relacionados con este caso: Jaime Ramón Herrera Corral (exsecretario de Hacienda), Jesús Olivas Arzate (director de Egresos), Miguel Ángel Mezquitic Aguirre (titular de Programación y Control de Pagos), y Pedro Mauli Romero Chávez (secretario de Administración y Finanzas del PRI).
La decisión de la Suprema Corte representa un avance significativo en la investigación del desvío de fondos públicos durante la administración de César Duarte, fortaleciendo la capacidad del gobierno de Chihuahua para perseguir a los responsables y recuperar los recursos desviados.
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