La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aceptado a trámite una solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), que busca atraer un recurso de queja en contra de la resolución emitida por un juez que ordenó a dicha dependencia no vulnerar la independencia judicial, así como el honor y la reputación del juez federal Gregorio Salazar Hernández. Este magistrado fue quien dictó la liberación del presunto líder del cártel del Golfo, José Alfredo Cárdenas Martínez, conocido como ‘El Contador’.
La presidencia de la Corte ha turnado el caso a la Segunda Sala, que en los próximos días deberá decidir si ejercerá su facultad de atracción para conocer el recurso interpuesto por la FGR.
Cabe destacar que el 3 de diciembre pasado, la FGR anunció el inicio de una carpeta de investigación contra Salazar Hernández por su decisión de liberar al sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. Esta liberación se concretó el 20 de noviembre de 2024. La institución señaló que esta investigación se abrió por posibles delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos y criticó el fallo que permitió al presunto narcotraficante enfrentar su proceso de extradición en libertad, bajo condiciones como el uso de un brazalete electrónico y firmar semanalmente, además de presentar una garantía económica de cinco millones de pesos.
Ante esta situación, el juez Gregorio Salazar promovió un amparo argumentando que las declaraciones realizadas sobre él durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y los comentarios emitidos por la FGR no se basaban en información veraz.
En respuesta, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa ordenó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, eliminar las versiones públicas desfavorables sobre el juez tanto de su plataforma digital ‘X’ (anteriormente Twitter) como de su página oficial. Esta medida provisional busca restaurar cautelarmente la independencia judicial. Además, se ordenó a la FGR abstenerse de prejuzgar y ejercer presiones mediáticas indebidas sobre los casos relacionados con el juzgador que están actualmente en trámite, recordando que las leyes establecen mecanismos legales para que las autoridades puedan denunciar conductas ilícitas mediante pruebas correspondientes.
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