La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional una reforma al Código Penal de Sinaloa que castiga con penas de tres a seis años de prisión el uso de Inteligencia Artificial (IA) para manipular imágenes, audios o videos de contenido sexual sin consentimiento. Esta decisión marca la primera vez que la Corte aborda directamente el tema de la IA en el contexto legal mexicano.
La reforma, que modifica el artículo 185 Bis C del Código Penal sinaloense, sanciona la creación de contenido falso con apariencia real utilizando IA, con el propósito de exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir dicho material a través de cualquier medio, sin el consentimiento explícito de la persona afectada.
El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, reconoció la complejidad de definir la IA en un marco legal, dada su rápida evolución y la falta de una definición universalmente aceptada. Sin embargo, argumentó que la ley debe adaptarse al contexto y a las necesidades específicas de cada caso. La regulación, según el ministro, busca proteger a las víctimas de la manipulación digital, un delito que se ha vuelto cada vez más frecuente.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa alertó sobre el peligro de la manipulación de imágenes y audios mediante IA, especialmente en manos de la delincuencia, destacando la vulnerabilidad de la infancia y las mujeres ante este tipo de violencia digital. Esquivel Mossa enfatizó la necesidad de adaptar las leyes a la realidad tecnológica actual y de reforzar la protección contra este tipo de delitos.
En la misma línea, la ministra Loretta Ortiz Ahlf argumentó que exigir una definición precisa de IA sería inviable, considerando su constante desarrollo. Citando un reporte de la UNESCO de 2023, resaltó que el 58% de las mujeres y niñas en todo el mundo han sido víctimas de violencia cibernética, incluyendo la creación de material pornográfico mediante deepfakes.
La unanimidad del fallo refleja la preocupación de la Corte ante el creciente problema de la violencia digital y la necesidad de proteger a las víctimas del uso malicioso de la IA. La decisión sienta un precedente importante para la legislación en materia de tecnología y derechos humanos en México.
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