La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la sanción impuesta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la difusión de propaganda gubernamental. La Corte desechó la controversia constitucional presentada por la CNDH, dejando firme el procedimiento sancionador en su contra.
La decisión, tomada por mayoría de votos, avala la propuesta de la Ministra Lenia Batres Guadarrama, quien argumentó la improcedencia de la controversia. El conflicto se originó tras la publicación de los informes de la CNDH sobre violencia política, que el Partido Acción Nacional (PAN) denunció como propaganda gubernamental en periodo electoral, violando principios de imparcialidad y neutralidad, y constituyendo un uso indebido de recursos públicos.
La CNDH, tras la decisión del TEPJF, alegó que el tribunal buscaba silenciarla. Sin embargo, la Ministra Margarita Ríos Farjat inicialmente desechó la controversia constitucional de la CNDH, argumentando que la resolución del TEPJF, como órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF), no podía ser materia de dicha controversia. La posterior reclamación de la CNDH fue también rechazada por la Segunda Sala de la SCJN.
La resolución de la Corte se basa en el artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que establece las competencias de los organismos de protección de derechos humanos. Este artículo, según la Corte, excluye expresamente a las comisiones de derechos humanos de conocer asuntos electorales y jurisdiccionales. Por lo tanto, la Corte considera que la decisión del TEPJF, al ser un órgano jurisdiccional, no es susceptible de impugnación a través de una controversia constitucional por parte de la CNDH.
Esta decisión de la Suprema Corte establece un precedente importante sobre los límites de las competencias de la CNDH y refuerza la autoridad del TEPJF en materia electoral. La CNDH ahora deberá enfrentar el procedimiento sancionador del TEPJF por la presunta difusión de propaganda gubernamental.
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