Suprema Corte rechaza amparo para gratuidad en posgrado de la UNAM

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo que buscaba la gratuidad de estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La propuesta de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, que buscaba eximir del pago de cuotas a los estudiantes, fue rechazada por un voto de desempate.

El proyecto de la Ministra Esquivel Mossa recibió el apoyo únicamente de la Ministra Lenia Batres Guadarrama. El empate entre los ministros Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, que se opusieron a la propuesta, obligó a la intervención del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de la Primera Sala, cuyo voto en contra del amparo decidió el resultado final.

El amparo fue promovido por un estudiante de la especialidad de Mediación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien impugnó el pago de la cuota de inscripción. Un juez de primera instancia le había otorgado el amparo, pero la decisión fue apelada ante la Suprema Corte.

El Ministro Alcántara Carrancá, en su voto decisivo, argumentó que negar el amparo no implica una negación de la gratuidad en la educación superior. Reconoció el compromiso del Estado con la gratuidad progresiva de la educación superior, pero destacó la necesidad de recursos para la UNAM. Señaló que la Facultad de Derecho ofrece la misma especialidad de forma gratuita en modalidad presencial, cumpliendo así con el artículo tercero constitucional. El cobro de la cuota para la modalidad virtual, según el Ministro, se justifica para cubrir los costos adicionales de tecnología e internet, sin afectar el presupuesto destinado a la educación presencial.

Esta decisión de la Suprema Corte deja sin efecto el amparo que buscaba la gratuidad en el posgrado de la UNAM. La Corte reconoce el derecho a la educación superior gratuita, pero también la necesidad de recursos para mantener la calidad de la educación en la universidad pública. El fallo establece un precedente importante sobre el equilibrio entre el derecho a la educación gratuita y las necesidades presupuestales de las instituciones de educación superior.