¿Tlalpan realmente se transformó?

Sepa La Bola

Claudia Bolaños

La pregunta es más que un eslogan incómodo: es una grieta profunda en el discurso de la alcaldesa Gaby Osorio, quien prometió “renovación”, “limpieza institucional” y una lucha frontal contra los vicios heredados.

Sin embargo, en los pasillos de la demarcación comienza a instalarse una percepción completamente opuesta: el regreso de las viejas prácticas, pero ahora envueltas en un lenguaje de modernización que no termina de sostenerse frente a la realidad.

La designación de personajes con denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en áreas estratégicas no solo contradice ese compromiso, sino que revive una sombra que Tlalpan no ha logrado sacudirse desde hace más de una década: la corrupción como política pública no oficial.

El caso más grave es el de Juan Pablo Tlaltempa Camacho, nombrado Director de Gobierno y Vía Pública. No se trata de rumores, sino de antecedentes documentados: extorsión, robo y una denuncia vigente por abuso sexual.

Su nombre no es nuevo en el expediente. En 2021, según registros oficiales, fue exhibido por falsificar documentos oficiales para presionar a comerciantes de vía pública y solicitar dinero a cambio de evitar supuestas sanciones administrativas.

Aquel episodio derivó en decenas de denuncias de locatarios de San Miguel Xicalco y zonas aledañas.

 

De acuerdo con cifras de la entonces Dirección General de Gobierno, solo entre 2019 y 2021 se registraron más de 430 quejas relacionadas con actos de corrupción en vía pública en Tlalpan, una de las áreas históricamente más sensibles y con mayor flujo económico informal.

Colocar a Tlaltempa hoy en la oficina que controla justamente ese sector es una decisión que desconcierta incluso a funcionarios internos.

Más aún cuando la Ciudad de México cerró 2024 con 6 mil 287 denuncias por delitos relacionados con corrupción de servidores públicos, un aumento del 18% respecto a 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese contexto, Tlalpan tendría que ser un ejemplo, no una excepción al compromiso anticorrupción.

Pero el problema no es un solo nombre. Distintas fuentes internas aseguran que la administración de Osorio ha optado por perfiles cuestionados para posiciones clave, privilegiando lealtades políticas sobre credenciales éticas.

La pregunta es inevitable y cada vez más recurrente entre comerciantes, trabajadores y vecinos: ¿para formar parte del círculo de confianza de la alcaldesa es requisito enfrentar denuncias por robo o extorsión?

Porque si esa es la vara, parece que hay una fila larga y ansiosa esperando ocupar un cargo.

La transformación prometida no se acredita con discursos, sino con decisiones. Y las decisiones que hoy se toman en Tlalpan están enviando un mensaje que ni la retórica más pulida puede ocultar: y con eso dicen y piensan los politicos de la Ciudad que la renovación no llegó; solo cambiaron los nombres.