El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de Ciudad de México resolvió por unanimidad revocar la resolución emitida por el extinto Consejo de la Judicatura (CJCDMX), dentro de un recurso de inconformidad promovido por una persona justiciable.
El asunto fue expuesto por la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial Ixchel Alzaga Alcántara quien señaló que “el debido proceso, es un derecho humano de primera generación”, enfatizando la obligación del Estado de garantizar procedimientos disciplinarios imparciales y debidamente motivados.
Con esta determinación, el Pleno ordenó remitir el expediente al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del propio Tribunal, para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo las diligencias necesarias y determine lo que corresponda.
Además, instruyó realizar notificaciones personales al recurrente y a las personas servidoras públicas involucradas.
Durante la Segunda Sesión Pública Ordinaria, celebrada en el auditorio “Benito Juárez” del PJCDMX, presidida por el magistrado Nicolás Jerónimo Alejo, las magistraturas también analizaron un segundo recurso de inconformidad relacionado con presuntas irregularidades en la conducción de un procedimiento judicial, consistentes en posibles actos de negligencia y dilación injustificada.
Dicho expediente había sido archivado por el extinto CJCDMX, decisión que fue ratificada por unanimidad por el Pleno del TDJ.
El asunto fue presentado por la ponencia del magistrado Diego Armando Guerrero García, cuya propuesta fue aprobada en sus términos, con voto concurrente por parte de la magistrada Nahyeli Ortiz Quintero.
Durante la sesión, el magistrado Diego Armando Guerrero García destacó que el sistema disciplinario, exige el cumplimiento estricto de las garantías mínimas del debido proceso.
Subrayó que toda sanción disciplinaria debe estar sustentada en pruebas suficientes, objetivas y legalmente válidas, pues imponer una consecuencia sin contar con elementos probatorios fehacientes sería incompatible con los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los Derechos Humanos.
En este caso, se concluyó que la determinación previamente emitida carecía de los elementos necesarios para concluir de manera definitiva la existencia de responsabilidad administrativa.
En consecuencia, se determinó ratificar la resolución del extinto Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
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