Hasta el momento hay emitidas 22 Alertas de Violencia de Género contra las mujeres en el país.
Los estados en los que se inició han sumado más municipios y, en otros casos, se han hecho especificaciones. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la herramienta es necesaria, pero persisten carencias en su implementación.
Desde 2015 se declaró Alerta de Violencia de Género en varios municipios de dos entidades, el Estado de México y Morelos; luego, en 2016, se emitió en otras localidades de Michoacán, Veracruz, Chiapas y Nuevo León.
Pero a casi seis años, esta política —necesaria para atender la violencia contra las mujeres—carece de elementos básicos, es utilizada como propaganda y lo más importante: no hay cifras a la baja en materia de feminicidios y no hay un mejor protocolo para atender a las víctimas.
En total son 40 municipios en los que se ha establecido la Alerta de Violencia de Género, de acuerdo con el registro de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Se trata de un mecanismo que fue impulsado por mujeres organizadas para proteger sus derechos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
@SSP_QROO @IQMujer @sesespqroo @SIPINNAQROO @SistemaDIFQRoo @CAGECCQROO @SESA_QROO @sedeso_qroo @SEGOBQR @CEAVE_QROO, @ComunicacionQR, Alerta de Género, las Fiscalías especializadas en justicia para mujeres, niñas/niños y adolescentes, #cbpqroo, @EducacionQR, 11 de octubre 2021. pic.twitter.com/CbbatcCHVk
— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) October 12, 2021
De acuerdo con una revisión , en esos 40 municipios, desde 2015, se tienen contabilizados 885 feminicidios.
Los datos, revisados a nivel municipal con corte a septiembre de 2021, muestran que no hay una tendencia a la baja en este tipo de agresión.
Sólo en seis municipios, Monterrey, Ecatepec, Veracruz, Xalapa, Morelia y Chimalhuacán se concentraron 300 casos de feminicidios en seis años.
Estos son los datos por municipio, aunque pueden ser más, ya que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio detectó, justo en la supervisión de la implementación de la Alerta de Género, que la carencia de protocolos tiene como consecuencia, por decir un solo ejemplo, que muertes catalogadas como suicidios sean en realidad feminicidios.
En la implementación de la Alerta intervienen los tres niveles de Gobierno: la Segob es la encargada de dar un seguimiento a las acciones y revisar que se hagan investigaciones adecuadamente focalizadas.
Otras medidas recaen en las fiscalías y procuradurías. Al gobierno de la entidad le corresponde establecer las medidas de prevención que van para los municipios y ahí se planean las medidas de seguridad, ya que es de ahí donde se ubican los puntos en donde se agrede a las mujeres o en donde desaparecen.
Gracias al modelo de atención de los Centros de Justicia, las mujeres pueden tener acceso a todos los servicios, de manera gratuita y en un mismo lugar.
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— CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) September 30, 2021
Pero no son sólo esas tareas, sino también crear acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.
María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio, comentó en entrevista que hay medidas que se establecieron en esos seis estados que hasta el momento no se han establecido y no se ha fijado ni una sola sanción o llamada de atención de parte del Gobierno federal.
Con una Alerta de Género mal implementada se carece de una atención integral a víctimas de violencia sexual, en donde no se les permite la interrupción del embarazo; hay procesos de dilación y terminan convirtiéndose en casos de embarazos forzados.
Se debe atender la gravedad de las violencias y las alertas las descalifican, dicen que no sirven.
Pero las alertas de violencia son un cuestionamiento a la ineptitud de los gobiernos para garantizar una vida libre de violencia y entonces a ningún gobierno le gusta que le digas ‘ no están previniendo’ o ‘no están investigando’; no hemos podido quitar ese estigma, comentó.
De acuerdo con el trabajo del Observatorio, lo que se ha encontrado es que los funcionarios no viajan siquiera a los municipios y no entrevistan a víctimas y hay deficiencias en los grupos de investigación integrados por académicas que no tienen experiencia.
