La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un proyecto que podría limitar el poder de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes.
La propuesta, presentada por el ministro Alberto Pérez Dayán, surge a raíz de un caso que involucra al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien logró que se suspendiera el bloqueo de sus cuentas bancarias.
La controversia se centra en la interpretación de los requisitos necesarios para que la UIF bloquee cuentas a petición de autoridades extranjeras. En 2021, la UIF congeló las cuentas de Cabeza de Vaca en bancos como HSBC, Santander y Credit Suisse México, basándose en una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, dos tribunales federales emitieron sentencias contradictorias sobre la validez del bloqueo. Uno de los tribunales argumentó que la solicitud de bloqueo debía provenir de autoridades extranjeras u organismos internacionales, mientras que el otro tribunal determinó que la petición debía ser «clara, contundente e indiscutible».
El ministro Pérez Dayán, al analizar la contradicción de criterios, propone que la Corte establezca un criterio más estricto, requiriendo que la solicitud de bloqueo:
– Proceda de una autoridad extranjera con atribuciones en la materia.
– Sea una solicitud expresa para implementar el bloqueo financiero de personas determinadas.
– Esté relacionada con el cumplimiento de compromisos internacionales.
De aprobarse esta propuesta, la UIF tendría que cumplir con requisitos más específicos para bloquear cuentas bancarias a petición de autoridades extranjeras. Esto podría dificultar la capacidad de la UIF para actuar con rapidez en casos de presuntos delitos financieros internacionales.
La decisión de la Corte tendrá un impacto significativo en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Algunos expertos argumentan que la propuesta de Pérez Dayán podría debilitar la capacidad del gobierno para combatir la corrupción y el crimen organizado. Otros, sin embargo, consideran que la propuesta busca garantizar que la UIF no abuse de su poder y que se respeten los derechos de los ciudadanos.
La Segunda Sala de la Corte se encuentra ahora en el proceso de analizar el proyecto del ministro Pérez Dayán. La decisión final de la Corte podría tener consecuencias importantes para la lucha contra el crimen financiero en México.
