El Senado aprobó sancionar, hasta con 20 años de inhabilitación y la devolución del daño patrimonial causado, a los funcionarios estatales y federales que no reporten las cuotas del ISSSTE que descuentan a los trabajadores.
Con la reforma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ahora considera como falta grave, o en términos llanos, un acto de corrupción, la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante dicho instituto.
Con 86 votos en favor y tres asbtenciones, el pleno del Senado avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados para incluir en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que “es falta administrativa grave la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, en los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.