Busca Florian Tudor acceso a carpeta de investigación de la FGR en Quintana Roo

Florian Tudor, conocido como ‘El Tiburón’ y señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de la Banda de la Riviera Maya, interpuso un amparo contra la FGR debido a la negativa de la institución de proporcionarle una copia de las carpetas de investigación iniciadas contra funcionarios ministeriales investigados por posibles delitos de abuso de autoridad en Quintana Roo.

 

El juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, admitió la demanda presentada por Florian Tudor, aunque no ha concedido la suspensión solicitada al no haber sido requerida.

 

En su reclamo, Tudor cuestiona la falta de acceso a la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-QR/0000426/2019, la solicitud de una copia autenticada de la misma, y la negativa a reconocer a Oscar Hernández Calderón como su asesor jurídico.

 

Previamente a la detención de Florian Tudor, la FGR había iniciado dos carpetas de investigación por presuntas irregularidades en un cateo realizado por su personal en Quintana Roo, donde se investiga el posible abuso de autoridad. Estas investigaciones están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que han abierto las carpetas FED/VG/UNAI-QR/0000426/2019 y FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019.

 

Dentro de los funcionarios bajo investigación por este operativo se encuentra Javier Ocampo García, ex delegado de la FGR en Quintana Roo y superior jerárquico de otros elementos.

 

La detención de Florian Tudor en mayo de 2019 en Cancún, durante un operativo de la FGR y la Secretaría de Marina, se vio envuelta en controversia debido a irregularidades en el cateo, lo que llevó a la anulación de pruebas y a su liberación por decisión judicial.

 

En mayo de 2021, la FGR arrestó a Tudor en la Ciudad de México por presuntamente haber sustraído más de mil 200 millones de pesos de cajeros automáticos. Actualmente, enfrenta una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el gobierno de Rumania por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.