La Ciudad de México se consolida como referente nacional en el reconocimiento del derecho a la identidad de género, considerado un “derecho llave” que permite el acceso pleno a la salud, la educación y la seguridad jurídica.
La Jueza Segunda de lo Familiar, Sandra Obispo González, del Poder Judicial de la Ciudad de México, encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que el derecho a la identidad de género debe ir de la mano con el libre desarrollo de la personalidad. Señaló que toda persona tiene derecho a vivir su vida conforme a su autopercepción, siempre que no transgreda derechos de terceros.
Explicó que mientras el sexo es una percepción biológica definida al nacer, el género constituye una construcción social vinculada a la autopercepción y a la dignidad humana. En ese sentido, subrayó que el cambio de identidad de género en la capital es un trámite administrativo, gratuito y expedito ante la Dirección General del Registro Civil, sin necesidad de proceso judicial ni de certificaciones médicas o psicológicas.
Indicó que desde 2021, adolescentes de entre 12 y 18 años pueden solicitar el reconocimiento de su identidad de género mediante un procedimiento acompañado por especialistas. La solicitud es presentada ante el Registro Civil y analizada por un Comité Interinstitucional para garantizar que se trate de una decisión libre e informada.
Precisó que cualquier ciudadano mexicano, sin importar su estado de origen, puede acudir a los 50 juzgados del Registro Civil de la capital para realizar el trámite. Asimismo, los mexicanos en el extranjero pueden gestionarlo a través de los consulados.
La juzgadora aclaró que el cambio de identidad no exime de responsabilidades legales previas, ya sean penales, fiscales o relacionadas con pensión alimenticia, ya que el historial jurídico permanece vinculado a la nueva identidad.
Para evitar actos de discriminación y revictimización, detalló que el acta de nacimiento primigenia queda reservada mediante anotación marginal y no es de acceso público, salvo por orden judicial.
Con estas medidas, la capital del país refuerza su carácter de Ciudad de Derechos y se alinea con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al garantizar el respeto a la identidad y a la dignidad de las personas, dijo.
