La ministra Loretta Ortiz Ahlf, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados federales de oposición contra el decreto que creó el Fondo de Pensiones del Bienestar. Los legisladores buscan evitar que el gobierno federal se apropie de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril de este año y entró en vigor el 1 de mayo. Este ordena a las Afores y otras instituciones similares a transferir los recursos de las subcuentas de los trabajadores que cumplen 70 años y no reclaman sus fondos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Estas transferencias deben realizarse sin necesidad de resolución judicial y deben notificarse el mismo día en que se efectúen.
El objetivo del Fondo de Pensiones para el Bienestar es proporcionar a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para asegurar que los trabajadores de 65 años o más, cuya pensión sea igual o menor a 16 mil 777 pesos con 68 centavos (el salario mensual promedio registrado en 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social), reciban un complemento.
La admisión de esta acción de inconstitucionalidad por parte de la SCJN representa un paso significativo en el debate sobre la gestión y uso de los fondos de pensiones en México. Los diputados opositores argumentan que la medida podría afectar los derechos de los trabajadores sobre sus ahorros para el retiro, mientras que el gobierno defiende el decreto como una forma de asegurar el bienestar de los pensionados de bajos ingresos.
La resolución de la Corte tendrá implicaciones importantes para la política de pensiones en el país y el uso de los fondos de las Afores, así como para el equilibrio entre las políticas de bienestar social y los derechos individuales de los trabajadores.
