El gobierno de la Ciudad de México incumplió dos suspensiones judiciales emitidas por jueces federales que ordenan la restitución y protección de más de mil animales asegurados al Refugio Franciscano, lo que abre la puerta a un posible desacato que podría derivar en responsabilidades penales para funcionarios capitalinos.
De acuerdo con el abogado Fernando Pérez Correa, representante legal del refugio, existe una suspensión definitiva y una suspensión de plano que obligan a la autoridad capitalina a devolver los animales y, en su defecto, informar de inmediato su paradero, condición física, alimentación y responsables de su resguardo, algo que hasta este 12 de enero no ha sido cumplido.
Las resoluciones judiciales ordenan específicamente que el Gobierno de la Ciudad de México entregue un censo completo de los 1,095 perros y gatos asegurados, incluyendo ubicación exacta, estado de salud, nombre del albergue o institución responsable y condiciones de alojamiento, bajo el principio de que los animales son “seres sintientes” protegidos por la Constitución y la legislación ambiental.
Sin embargo, a más de una semana de emitidos los amparos, activistas y responsables del refugio denuncian que no existe ningún informe oficial, mientras continúan circulando en redes sociales imágenes de animales hacinados en transportadoras, sin atención veterinaria ni condiciones mínimas de bienestar.
Este domingo se registraron protestas en el Deportivo Los Galeana, uno de los sitios donde fueron enviados algunos animales, luego de que brigadas de la Policía y del Centro de Control Canino acudieran a verificar el lugar sin transparentar cuántos perros y gatos se encontraban ahí ni en qué condiciones reales estaban siendo resguardados.
Organizaciones de protección animal advierten que la omisión del gobierno capitalino agrava el riesgo sanitario y de mortalidad de los animales, al no garantizar protocolos de alimentación, hidratación, atención médica, vacunación ni seguimiento clínico, lo que podría derivar en brotes de enfermedades, muertes por estrés, deshidratación o infecciones.
Además, especialistas en derecho animal señalan que la suspensión de plano emitida por un juez federal implica un reconocimiento de peligro inminente para la vida de los animales, por lo que su incumplimiento podría constituir una violación directa a derechos fundamentales y derivar en sanciones que van desde multas hasta responsabilidad penal para servidores públicos.
Mientras tanto, el Refugio Franciscano y decenas de colectivos mantienen la exigencia de que los 1,095 animales sean devueltos o, al menos, que se transparente de inmediato su estatus, pues cada hora sin información oficial aumenta la sospecha de negligencia, improvisación y posible maltrato institucional por parte del gobierno capitalino.
