Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, no se presentó a la audiencia programada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. Esta ausencia mantiene en vigor la orden de aprehensión internacional emitida en su contra por el delito de peculado y otros cargos.
Aureoles está acusado de desviar más de 3 mil millones de pesos durante su gestión, además de enfrentar acusaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta a nivel local. La justicia federal ha rechazado un amparo solicitado por el exmandatario, lo que complica aún más su defensa.
El fiscal especial de la FGR, Julio Cobos, declaró que la incomparecencia de Aureoles refuerza la validez y ejecutabilidad de la orden de aprehensión. «Se le citó formalmente para que compareciera con sus abogados, y no se presentó. El amparo que promovió contra la orden de aprehensión fue revocado, negándole la protección de la justicia federal», explicó Cobos.
Cobos enfatizó que Aureoles tiene la obligación procesal de comparecer ante las autoridades, ya sea en sede ministerial o jurisdiccional, y que su negativa solo agrava su situación.
Junto a Aureoles, también están siendo procesados y se encuentran en prisión Carlos M.M., exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán; Mario D.M., delegado administrativo; y Elizabeth V.P., exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, todos implicados en la trama de desvío de fondos.
La ficha roja de Interpol sigue activa, extendiendo la búsqueda de Aureoles a 196 países. Asimismo, las órdenes de aprehensión contra Bernardo e Israel, excolaboradores del exgobernador, permanecen vigentes.
Ángel Echegaray Vaca, abogado defensor de Aureoles, informó que se les negó el acceso a la carpeta de investigación debido a otro amparo en curso. Al salir del Reclusorio Oriente, Echegaray Vaca afirmó desconocer si existen otras órdenes de aprehensión contra su cliente a nivel local en Michoacán y evitó hacer comentarios sobre posibles motivaciones políticas detrás del caso.
La jueza federal Patricia Sánchez Nava concluyó la audiencia después de 47 minutos, indicando que la siguiente sesión se llevará a cabo una vez que se concrete la detención de Aureoles.
