La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no avalar tres proyectos presentados por la ministra Yasmín Esquivel, los cuales buscaban desechar la consulta a trámite sobre las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial.
En una sesión del pleno, ocho ministros votaron en contra de los proyectos de Esquivel Mossa, quien consideraba «notoriamente improcedente» el proceso de consulta. La ministra argumentaba que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación solo otorga a la Corte la facultad de conocer controversias internas al poder judicial.
Tras la votación, Esquivel hizo referencia a una entrevista del ministro Javier Laynez Potisek, señalando que «no se puede impedir o suspender» el proceso de elección de jueces ya iniciado por el Instituto Nacional Electoral.
«En caso de que se estudiara en el fondo de los solicitantes para darle certeza y que los mexicanos sepan hasta dónde esta Suprema Corte puede llegar, se establezca en este momento y se anticipe que únicamente, en caso de que se llegara determinar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad, esta no puede suspender el proceso que se encuentra ya en marcha para darle certeza y seguridad a los mexicanos», declaró Esquivel.
Durante la discusión del primer proyecto, el ministro González Alcántara Carrancá, ponente de la consulta a trámite aprobada la semana pasada, sostuvo que la facultad del alto tribunal para revisar la constitucionalidad aún no se ha resuelto.
«Me parece que en la petición de los promoventes se amerita una apertura de un expediente principal en la cual se pueden dilucidar los méritos de su reclamo, máxime con el tribunal constitucional no puede rehuir a su papel de guardián del texto supremo ni tampoco se puede desconocer la amplitud contenida en el artículo 11 fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en torno nuestra obligación por velar por la independencia y autonomía de la rama judicial», argumentó el ministro.
Por su parte, la ministra Lenia Batres, quien elaboró los tres proyectos restantes, señaló que admitir la consulta a trámite implicaría «violar flagrantemente» la Constitución.
«Admitir la solicitud que se analiza implicaría violar flagrantemente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos al atribuirnos una competencia que no nos ha sido otorgada por la propia Constitución o por alguna ley», afirmó Batres.
Las tres consultas restantes, que buscaban medidas cautelares contra la reforma judicial, fueron declaradas sin materia tras la aprobación y promulgación de la misma.
