La diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la implementación de mecanismos inmediatos para salvaguardar la independencia judicial. Esta petición surge tras la reciente resolución de la Corte que instruye a los jueces a revisar de oficio sus sentencias y revocar aquellas que interfieran en asuntos electorales, excluyendo las que afecten los derechos humanos.
Ballesteros Mancilla considera que esta resolución traslada la presión a los jueces, exponiéndolos a presiones políticas y estatales. «Toda la presión, no solo jurídica, sino también la presión del Estado, como hemos visto en días recientes, recae ahora sobre los juzgadores», afirmó la diputada.
La legisladora denunció las presiones ejercidas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que busca iniciar procesos penales contra jueces que otorgaron suspensiones a la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF). Mencionó los casos de las juezas Nancy Juárez y Angélica (sin apellido especificado en el texto original), quienes, tras emitir sentencias, han sufrido presiones estatales, incluyendo revisiones de sus cuentas bancarias. «Estas presiones, propias de estados autoritarios, ponen en riesgo a los juzgadores, especialmente en el contexto de la controvertida reforma judicial y la reciente sentencia de la Corte», añadió Ballesteros.
El objetivo de la solicitud de la diputada es garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial, amparada en el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF. Señala que la SCJN tiene la responsabilidad de defender esta independencia.
Ballesteros expresó su preocupación por la posibilidad de que las sentencias sean revertidas debido a estas presiones, dejando a la ciudadanía en situación de indefensión. Criticó la deficiente aplicación de la reforma judicial, aprobada por Morena, la cual no se ha implementado en 14 estados del país. Recordó que la SCJN ha intervenido en el pasado para proteger los derechos ciudadanos, citando el caso de la guardería ABC, donde el entonces ministro Zaldívar garantizó la revisión de las sentencias.
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