El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó con 451 votos a favor, garantizar medidas de protección a víctimas de violencia ejercida por funcionarios públicos.
Al presentar el dictamen, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno dijo que el objetivo de esta acción es que “el cargo público no se convierta en un escudo protector para dejar impune la violencia de género”.
Refirió que para considerar la asimetría de poder entre el agresor y la víctima se modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Puntualizó que se adiciona una fracción VII al artículo 9, estableciendo el mandato para que los poderes legislativos, en sus respectivos ámbitos, promuevan sanciones autónomas en casos de violencia familiar o de género cometida por funcionarios públicos que abusen de su cargo.
Además, puntualizó que se plantea que estas sanciones sean incorporadas explícitamente en las leyes administrativas aplicables, a fin de garantizar una respuesta efectiva del Estado.
Mientras que, en una fracción VII al artículo 32, que dispone que, al emitir órdenes de protección, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente deberán considerar la relación de poder, subordinación y privilegio que tiene la persona servidora pública frente a la víctima.
“(Se busca que) el ejercicio del poder no sea utilizado para intimidar, silenciar o revictimizar a las mujeres afectadas. Se debe enviar un mensaje claro desde la Cámara de Diputados: las mujeres importan, no el cargo del agresor”, apuntó.
Agradeció a las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, principalmente a la presidenta, Anaís Burgos por impulsar esta propuesta sin importar la fuerza política de donde venga.
Finalmente, este proyecto de decreto fue enviado a la Cámara de Senadores para los efectos correspondientes.
