La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 445 votos a favor y 37 en contra. La iniciativa fue presentada por Morena y respaldada por PAN, MC, PT y PVEM, mientras que el PRI votó en contra.
La nueva ley busca fortalecer el modelo de seguridad pública en el país con medidas como la profesionalización policial, el uso de inteligencia estratégica y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
También se contempla la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública y un sistema de evaluación para los cuerpos policiacos.
Otro de los puntos clave es la incorporación de la Guardia Nacional al Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el acceso a bases de datos para tareas de inteligencia.
Sin embargo, se eliminó del dictamen una propuesta para crear una plataforma digital con datos de usuarios móviles.
La Auditoría Superior de la Federación tendrá un papel activo en la fiscalización del gasto destinado a seguridad.
Aunque fue respaldada por la mayoría, la reforma generó críticas entre algunos legisladores por posibles riesgos en el uso de datos personales y el fortalecimiento del papel militar en tareas de seguridad pública.
El Grupo Parlamentario del PAN expresó su rechazo a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados. Aunque Acción Nacional votó a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, denunció que esta nueva legislación legaliza un sistema de vigilancia masiva sin controles judiciales ni parlamentarios, permitiendo el acceso irrestricto a datos personales como información biométrica, médica, fiscal, financiera y de telecomunicaciones.
Los legisladores panistas advirtieron que la reforma representa un retroceso grave en derechos humanos, privacidad y libertades, al permitir que cualquier persona sea vigilada sin orden judicial, notificación o posibilidad de defensa. También alertaron sobre la normalización del uso de inteligencia artificial para tomar decisiones sobre ciudadanos, sin mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas, y con participación de gobiernos y empresas extranjeras sin regulación alguna.
El PAN denunció irregularidades en el proceso legislativo, señalando que el dictamen fue cambiado de forma sustancial horas antes de la votación, sin mesas de análisis ni integración de propuestas. Afirmaron que la ley abre la puerta a la persecución política y al espionaje sin límites, y representa una amenaza directa al disentimiento, la vida privada y la democracia.
El diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador parlamentario del PRI, expresó su desacuerdo con la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dijo que que la ciudadanía percibe un aumento en la inseguridad, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, lo que evidencia el fracaso de las políticas actuales en la materia.
Moreira criticó que el gobierno federal no haya participado en un verdadero diálogo para construir una ley consensuada, ni haya promovido un instrumento confiable que permita medir la violencia real en el país. Afirmó que las cifras oficiales están manipuladas y acusó a la Secretaría de Seguridad de eliminar información clave de su portal, como la columna de “Fuentes Abiertas”, lo que, a su juicio, representa una grave falta de transparencia.
En su intervención, advirtió que incluso los legisladores oficialistas estaban siendo engañados, ya que muchos firmaban y votaban una iniciativa que no habían leído.
Y Ricardo Monreal señaló que con este nuevo ordenamiento jurídico se devolverá la paz y la tranquilidad a México.
