Diputados aprueban reforma para proteger maíces nativos
La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que busca proteger los maíces nativos de México, lo que podría llevar a la prohibición del cultivo de maíz transgénico en el país.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada con 382 votos a favor, 88 en contra y cero abstenciones.
La reforma modifica los artículos 4° y 27° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de conservar y proteger los maíces nativos. Se establece que el maíz es un elemento de identidad nacional y que su cultivo debe ser libre de modificaciones genéticas para evitar la contaminación genética.
Aunque la reforma abre la puerta a la prohibición del maíz transgénico, también deja abierta la posibilidad de su uso bajo determinadas condiciones. El proyecto de decreto ha sido enviado al Senado para su análisis y aprobación.
La reforma busca proteger los maíces nativos de México, declarando al país como centro de origen y diversidad del maíz. Este grano es considerado un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo mexicano y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Se establece que el cultivo de maíz en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas como las transgénicas. Sin embargo, se abre la posibilidad del uso del maíz transgénico bajo determinadas condiciones, siempre y cuando se evalúe y se garantice que no representa una amenaza para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México.
Principales objetivos de la reforma: son proteger la biodiversidad y la soberanía alimentaria, promoviendo el manejo agroecológico y la investigación científica humanística; fomentar los cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado.
Y promover el desarrollo cultural, económico y de salud de la población campesina, garantizando su bienestar y participación en el desarrollo nacional, así como pedir legislación reglamentaria para planear, organizar y monitorear la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
