La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, que dejó un saldo de al menos 10 muertos y más de 90 lesionados, ha puesto bajo la lupa a Transportadora Silza, S.A. de C.V., filial del grupo gasero Tomza, propiedad de la familia Zaragoza.
Lejos de ser un hecho aislado, la empresa acumula antecedentes de siniestros y sanciones. Entre ellos, un choque fatal en Mocorito, Sinaloa; la explosión de una pipa en Ciudad Juárez apenas en julio pasado, y un estallido en una planta de distribución en Puebla, que derivó en medidas disciplinarias de la Secretaría de Energía.
Además, el grupo ha sido objeto de investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que en 2022 impuso multas por 2,414 millones de pesos a Tomza y compañías relacionadas, tras acreditar prácticas monopólicas como la fijación de precios y la repartición del mercado. En Baja California, los Zaragoza mantienen el control de más del 60 % del gas LP.
Especialistas advierten que la tragedia de la capital revela un patrón de negligencia y concentración económica que compromete tanto la seguridad pública como la competencia en el sector energético. Organizaciones civiles han pedido que las autoridades revisen a fondo la operación de este consorcio y apliquen sanciones ejemplares.
