La controversia en torno a la reforma judicial y la elección de jueces continúa en México. Recientemente, el magistrado Felipe de la Mata presentó un proyecto en el TEPJF que ha generado debate. El proyecto, que sugiere que el INE puede continuar con el proceso de elección de jueces, ha sido interpretado por algunos como una señal de que las suspensiones otorgadas por jueces de Distrito para frenar la reforma judicial podrían verse afectadas.
Sin embargo, los juzgadores federales del país han dejado claro que esto no es así. En una conferencia de prensa organizada por el colectivo Artículo 41, el magistrado Juan José Olvera López enfatizó que el proyecto del magistrado de la Mata no tiene ningún impacto en las suspensiones existentes.
Olvera López explicó que la consulta del INE al TEPJF se centró únicamente en la opinión del Tribunal sobre la posibilidad de continuar con el proceso de elección de jueces, sin considerar la validez de las suspensiones. El TEPJF, en respuesta a la consulta, emitió una opinión que no se pronuncia sobre las suspensiones, dejando claro que la decisión sobre su validez sigue en manos de los jueces de Distrito.
Es importante destacar que el proyecto del magistrado de la Mata es solo un borrador que aún debe ser debatido por sus pares. La decisión final sobre la validez de las suspensiones y la posibilidad de que el INE continúe con el proceso de elección de jueces dependerá del análisis y la votación de los magistrados del TEPJF.
Mientras tanto, las suspensiones otorgadas por los jueces de Distrito siguen en vigor. Esto significa que el INE debe acatar las órdenes judiciales y suspender el proceso de elección de jueces hasta que se resuelva la controversia legal.
La situación actual refleja la complejidad del proceso de reforma judicial en México. La controversia legal y las diferentes interpretaciones del proyecto del magistrado de la Mata demuestran que el camino hacia una reforma judicial efectiva aún es largo y lleno de obstáculos.
Es crucial que los actores involucrados en este proceso actúen con responsabilidad y transparencia para garantizar que la reforma judicial se lleve a cabo de manera justa y legal. La opinión pública espera que las instituciones involucradas en el proceso de reforma judicial actúen con el máximo rigor y profesionalismo para garantizar que la justicia se imparta de manera imparcial y efectiva.
