A partir de este 1 de enero de 2024, entró en vigor la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, la cual se establece contra el abuso o violencia sexual contra menores, delicuencia organizada y extorsión.
La misma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la noche del 31 de diciembre de 2024.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 14 de noviembre, la reforma al artículo 19 de la Constitución para incluir más delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Con 355 votos a favor y 108 en contra, se sumaron la extorsión, delitos relacionados con fentanilo, contrabando grave y falsificación de comprobantes fiscales a las causas que ameritan esta medida cautelar.
La reforma, enviada al Senado para su análisis, elimina el narcomenudeo y la defraudación fiscal del listado, pero amplía los supuestos relacionados con precursores químicos usados en drogas sintéticas, como el fentanilo.
Legisladores expresaron posturas divididas: mientras Morena y aliados defendieron la medida como una herramienta para combatir la inseguridad, opositores como PAN y PRI advirtieron que podría vulnerar la presunción de inocencia y fomentar abusos de autoridad.
También, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su preocupación por la reciente aprobación de la reforma al artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Aunque se eliminaron el narcomenudeo y la defraudación fiscal, la inclusión de delitos como extorsión, actividades relacionadas con fentanilo y otros delitos fiscales sigue siendo considerada una amenaza al principio de presunción de inocencia, un pilar del Estado de derecho.
COPARMEX advirtió que esta medida vulnera los derechos humanos y puede llevar a la privación de libertad sin juicio justo, generando incertidumbre y desconfianza en la sociedad.
