JUFED exige la suspensión de las elecciones judiciales por irregularidades
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) pidió la suspensión inmediata de la reforma judicial debido a las graves inconsistencias e irregularidades detectadas en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
La JUFED señala al Instituto Nacional Electoral (INE) como responsable de estas irregularidades, debido a los recortes presupuestales del 52% impuestos por el Congreso de la Unión. Este recorte ha obligado al INE a reducir el número de casillas en un 43% y a operar con menos de la mitad del personal necesario, comprometiendo la seguridad, transparencia y confiabilidad de la votación. Adicionalmente, la falta de revisión del padrón electoral y la escasez de recursos materiales ponen en riesgo la inviolabilidad del voto.
«Estas irregularidades demuestran la inviabilidad e inoperancia de la reforma», declaró un portavoz de la JUFED. «No hay un apoyo ciudadano real para el desmantelamiento de la justicia federal, como pretende la narrativa oficial. El desinterés y el abstencionismo pronosticados por funcionarios y expertos confirman esta realidad».
La JUFED advierte que estas condiciones facilitan irregularidades como el acarreo de votantes, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación para los diferentes cargos. La complejidad del sistema de votación, con seis boletas diferentes y hasta 60 candidatos por puesto, también genera confusión entre los electores y fomenta un voto superficial e informado. Consejeros del INE han reconocido públicamente que la participación ciudadana podría ser inferior al 10%, lo que evidencia la falta de respaldo social a la reforma.
La asociación considera que el diseño de la elección compromete la imparcialidad judicial al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes del Estado, creando un sesgo hacia el partido en el poder. Esto amenaza la independencia judicial y el derecho de los ciudadanos a contar con jueces imparciales y capacitados, seleccionados por mérito y no por lealtades políticas.
La JUFED critica además la desestimación de las suspensiones judiciales otorgadas contra la reforma, calificándolo como un incumplimiento del orden jurídico que podría acarrear responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios del INE. Incluso, la participación ciudadana como funcionarios de casilla podría implicar la incurrencia en conductas sancionables.
Finalmente, la JUFED considera que esta elección es un instrumento para desmantelar el sistema de contrapesos democráticos, anulando la independencia del Poder Judicial. En lugar de fortalecer la confianza ciudadana, se consolidará un régimen autocrático que sacrifica la justicia, la libertad y los derechos humanos para perpetuarse en el poder.
