Fiscalía defiende a Ocesa causante de la muerte de dos reporteros

 

Familiares acusan a un juez de favorecer a OCESA y a la empresa de seguridad privada Lobo, implicadas en la muerte de la fotoperiodista.

 

La búsqueda de justicia por la muerte de la fotoperiodista Citlali, quien junto a su compañero Miguel Ángel perdió la vida durante el festival AXE Ceremonia en abril de 2025, ha tomado un nuevo giro. Sus familiares han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Servidores Públicos contra un juez de control, acusándolo de obstruir el proceso judicial para favorecer a las empresas Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) y Servicios de Protección Privada Lobo, responsables de la organización y seguridad del evento.

 

Fabián Victoria, asesor legal de la familia, denunció que la audiencia de omisiones, crucial para imputar a ambas empresas por su presunta negligencia al permitir el ingreso de la grúa que causó el fatal accidente, ha sido postergada repetidamente hasta finales de octubre.

 

«Tenemos pruebas de que personal de Servicios de Protección Privada Lobo y de OCESA autorizaron el acceso de la grúa al festival, lo que provocó esta tragedia. Ante la negativa de la fiscalía de investigar a estas empresas, solicitamos una audiencia al Poder Judicial de la CDMX para denunciar esta omisión», declaró Victoria.

 

El abogado argumentó que esta demora constituye un acto de encubrimiento, ya que la audiencia inicial, programada para el 16 de octubre, se celebrará antes de la audiencia de omisiones, lo que impide la posible imputación de OCESA y Seguridad Lobo.

 

«La audiencia de omisiones estaba fijada para hoy, 29 de septiembre de 2025, pero el viernes pasado fuimos notificados de su reprogramación para el 23 de octubre. Es decir, se prioriza la audiencia inicial, obstaculizando la imputación de las empresas», añadió.

 

La familia considera esta acción como una violación de sus derechos y una denegación de justicia, favoreciendo directamente a OCESA y a la empresa de seguridad privada Lobo. El argumento del aplazamiento, basado en la supuesta falta de salas disponibles, fue calificado de «inverosímil».

 

Ante esta situación, se presentó una denuncia penal contra el juez de control José Luis Palacios Fernández por obstrucción de la justicia.

 

Raúl Goles, padre de Citlali, destacó que existe una resolución administrativa emitida el 6 de mayo de 2025 por autoridades competentes y especialistas de Protección Civil, que designa a OCESA como organizadora, promotora y desarrolladora del festival AXE Ceremonia 2015. En consecuencia, se les impuso una multa de más de 1 millón 800 mil pesos, un indicio clave para exigir su responsabilidad ante el Tribunal.

 

Este lunes, familiares y amigos se manifestaron frente a Ciudad Judicial para denunciar los abusos y atropellos a los derechos de las víctimas indirectas en este caso.