El Gobierno mexicano y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) negaron que tengan una persecución contra científicos, asegurando que la libertad académica está protegida por la Ley General Humanidades, Ciencia y Tecnología.
En un largo comunicado de ocho páginas, se señaló que desde 2019 hay na campaña de desinformación intenta difamar al Conahcyt y a su director, distorsionando sus obligaciones sobre la gestión de recursos públicos.
Señalaron que medios respaldan a exfuncionarios del Foro Consultivo, demandando transferencias millonarias sin fundamento legal.
El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología señaló lo que calificó de “desinformación” propagada por medios como Crónica, El País y Reforma, respecto a decisiones judiciales recientes relacionadas con el Foro A. C. y exfuncionarios.
Resalta que dicha información es relacionada a que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca determinó cancelar de manera definitiva la investigación contra Enrique Cabrero Mendoza, ex director del Conacyt, y otros 11 académicos. La investigación se relacionaba con las contribuciones de 244 millones de pesos que el organismo realizó al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT). El tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
En el comunicado dado a conocer casi a la medianoche, el Conahcyt reiteró que no tiene competencia en justicia y no persigue ni denuncia a científicos.
Explicó que la desinformación sobre el caso del Foro A. C. se remonta a 2019, con falsas acusaciones de persecución a científicos por parte del Conahcyt.
En cumplimiento de la Circular No. 1, el Conacyt suspendió la transferencia de recursos públicos al Foro A. C. desde el 14 de febrero de 2019.
Y ante la insistencia de la asociación civil por recibir los fondos habituales, el Conacyt consultó con la Secretaría de la Función Pública (SFP), que indicó que no había obligación de transferir fondos públicos a la asociación.
A pesar de la disposición al diálogo, se aseguró, la asociación inició acciones legales. La SCJN respaldó la decisión del Conacyt de no financiarla, señalando que una entidad privada no puede asumir funciones públicas sin intervención del Estado. Esto reveló posibles irregularidades en la asignación de recursos, mostrando transferencias millonarias para actividades no relacionadas con ciencia y tecnología.
El Conacyt, conforme al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, informó a las autoridades competentes sobre potenciales irregularidades sin señalar a individuos específicos.
Las denuncias no mencionaron a personas como académicos o científicos, sino como exservidores públicos o miembros del Foro A.C. La FGR aclaró que las investigaciones no se centraron en su condición de científicos, sino como exservidores públicos.
Además, el Conacyt ha mantenido la distinción y reconocimiento de los investigadores mencionados en el Sistema Nacional de Investigadores. Las diligencias y acciones legales posteriores han sido responsabilidad exclusiva de la FGR y el OIC, no del Conacyt. El juez de control negó órdenes de aprehensión, indicando que los exservidores públicos estaban facultados para administrar fondos públicos según la Ley de Ciencia y Tecnología.
Y se aseguró que el Conacyt no ha realizado gestiones adicionales con la FGR o la Secretaría de la Función Pública después de las denuncias iniciales.
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