La asesora jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, presentó una serie de reformas legislativas enfocadas en agilizar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en México. Estas reformas incluyen mejorar la localización y rastreo de personas en México; la implementación de la CURP con foto y huellas dactilares como mecanismo de identidad oficial, creación de bases de datos interconectadas, eliminación de la espera de 72 horas para iniciar las labores de localización y la obligación de que los actores privados colaboren entregando información relevante para la búsqueda.
En conferencia de prensa mañanera, Godoy explicó que las reformas buscan, en primer lugar, interconectar a México mediante un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y ciudadanos. Esto facilitará una respuesta más rápida y precisa ante cualquier denuncia de desaparición. También se destacó el fortalecimiento de las fiscalías estatales para hacer las investigaciones más ágiles y efectivas, respondiendo a la creciente necesidad de herramientas eficaces para la localización de personas desaparecidas.
Uno de los aspectos clave de estas reformas es la creación de una plataforma única de identidad, que integrará la CURP (Clave Única de Registro de Población) de todos los ciudadanos mexicanos y de personas extranjeras domiciliadas en el país. Esta plataforma permitirá a las autoridades consultar los datos asociados a cada CURP, incluidos fotografía y huellas dactilares, y ofrecerá la capacidad de generar alertas en tiempo real cuando se denuncie una desaparición. Godoy explicó que esta medida tiene como objetivo garantizar que todos los ciudadanos cuenten con una identidad oficial, digital y física, facilitando su localización en casos de desaparición.
Además, las reformas establecen obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la actualización, generación y compartición de la información relacionada con la desaparición de personas. Las autoridades federales, estatales y municipales tendrán que generar y mantener bases de datos actualizadas, habilitando consultas en tiempo real, y conectándose con la plataforma única de identidad. Las sanciones por incumplimiento serán principalmente administrativas.
Por otra parte, en Palacio Nacional, resaltó que la reforma elimina la espera de 72 horas para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, y establece que se abrirá de manera inmediata una carpeta de investigación ante cualquier denuncia. Toda la información relacionada con la búsqueda de personas será registrada y consultada en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que generará alertas en tiempo real para las fiscalías y otras autoridades involucradas en el proceso de localización.
Godoy también destacó que el Banco Nacional de Datos Forenses, manejado por la Fiscalía General de la República, será fortalecido, con la obligación de que las fiscalías locales también alimenten esta base con datos relevantes sobre personas desaparecidas. Además, la reforma establecerá que las fiscalías estatales cuenten con unidades especializadas para la investigación de desapariciones, incluyendo áreas de búsqueda inmediata, análisis de contexto, delitos cibernéticos y atención a víctimas.
Un punto crucial de la reforma es la obligación de los actores privados (como servicios financieros, transporte, salud y telecomunicaciones) para compartir cualquier información que pueda ser útil en la búsqueda de personas desaparecidas, siempre respetando la Ley de Protección de Datos Personales.
Por último, se creará el Sistema Nacional de Alerta de Búsqueda y Localización de Personas, que emitirá notificaciones a través de fichas de búsqueda y permitirá identificar coincidencias entre la información de los diferentes sistemas asociados, incluyendo la CURP.
Estas reformas buscan una respuesta más eficiente y coordinada ante las desapariciones en México, garantizando el derecho a la identidad y protección del Estado, y ofreciendo una solución más rápida y eficaz a una de las problemáticas más graves del país, dijo.
