El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en duda la validez de 37 candidaturas a magistraturas de circuito por no cumplir con los requisitos mínimos de promedio académico en licenciatura y especialidad. Sorprendentemente, una gran parte de los candidatos cuestionados provienen de la carrera judicial, con experiencia en poderes judiciales estatales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El INE ha expresado preocupación sobre las deficiencias en los procesos de evaluación, señalando que los Comités de Evaluación no verificaron adecuadamente los requisitos académicos y las metodologías empleadas para calcular los promedios. Entre los candidatos cuestionados se encuentran figuras con amplia trayectoria judicial, como Aura Esther Estrada Hernández (Poder Judicial del Estado de Veracruz), Ángel Rosas Solano (con cuatro maestrías y un doctorado en curso), y Miriam Huerta Lechuga (Poder Judicial de Puebla). También destacan Guillermo Francisco Urbina Tanús, quien como juez federal ordenó la aprehensión de Luis Cárdenas Palomino, y José Alberto González Aguilar.
Sin embargo, el INE también cuestiona a candidatos con promedios inferiores a los requeridos, como Tomás Enrique Sánchez Silva y Eden Wynter Meillón Walter. Además, se ha señalado a Jorge Luis Barbosa Colunga por una presunta detención por conducir en estado de ebriedad, acusación que él niega.
La mayoría de los aspirantes poseen títulos de Derecho de universidades públicas y privadas de prestigio, con posgrados en diversas áreas del derecho. Entre las universidades más representadas se encuentran la Universidad Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UNAM, la UAEM y la UABC.
Este proceso ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la coordinación y supervisión entre los Comités de Evaluación y el INE, especialmente en la homologación de criterios para el cálculo de promedios y en la promoción de la participación femenina. Se espera que estas deficiencias se aborden para las futuras elecciones judiciales en 2027.
