Tras su detención el pasado 19 de agosto, el exprocurador Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, por delitos contra la Administración de Justicia, tortura y desaparición forzada, reclasificado con base en el Código Penal Federal.
Al reiniciar la audiencia, luego de un receso de dos horas, el juzgador comenzó a exponer sus argumentos, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, y la defensa del exfuncionario.
Tras está decisión, comenzará una discusión entre ambas partes, para establecer las medidas cautelares para el procesado, que pueden ser la prisión preventiva justificada o el proceso en libertad, con restricciones para salir del país, la entrega se su pasaporte y la firma, cada 15 días, del libro de procesados.
En la primera audiencia, el representante de la FGR señaló que Murillo Karam organizó reuniones con altos funcionarios para fraguar la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa en la que se asegura que los 43 normalistas fueron asesinados, sus restos quemados en el basurero de Cocula y arrojados en el río San Juan en septiembre de 2014.
Un día antes de ser detenido Murillo Karam, el subsecretario Alejandro Encinas dio a conocer el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en el que se concluye que la desaparición de los 43 normalistas constituyó un crimen de Estado en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, así como diversas instituciones del Estado mexicano.
Además de que autoridades federales, estatales y municipales fueron omisas ya que tenían conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la normal Isidro Burgos hasta su desaparición y ello permitió su ejecución, además de que se trató de ocultar la verdad con la fabricación de la llamada “verdad histórica”.
Encinas indicó que no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida, ya que los testimonios y evidencias acreditan que fueron asesinados y desaparecidos.
Tras el informe, la FGR informó que un juez libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en Iguala; cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero; 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula; 11 policías estales y 14 miembros de Guerreros Unidos.
