Carmen Ortega Gutiérrez y Alejandro Latorre Lozano asumieron sus cargos como jueces federales electos en Materia Penal en el Estado de México, preparándose para enfrentar los complejos casos de delincuencia organizada del segundo circuito judicial, que incluye el penal de máxima seguridad del Altiplano. Ambos destacaron la necesidad de mayor seguridad y recursos para el circuito.
A partir del 1 de septiembre, Ortega y Latorre se encargarán de asuntos judicializados por la Fiscalía General de la República (FGR), incluyendo causas penales y amparos relacionados con miembros de organizaciones criminales. Ortega, quien actualmente se desempeña como secretaria de tribunal, aseguró que el reto no la intimida, sino que representa un gran compromiso con la ciudadanía.
La jueza electa enfatizó la urgente necesidad de más juzgados en el segundo circuito, que actualmente cuenta solo con cuatro juzgados en Materia Penal, en comparación con los 16 de la Ciudad de México. «Es un circuito muy pesado», declaró, «por Almoloya de Juárez, por ejemplo. Es urgente que creen por lo menos tres juzgados más».
Respecto a la seguridad, Ortega afirmó que es fundamental proteger no solo a los jueces, sino a todo el personal del circuito. «No podemos soltar a los jugadores y soltar al personal porque todos somos un engranaje», dijo. «Si empieza a presionarse a las instituciones, pues el país también es presionado».
Latorre, con experiencia en procuración de justicia y en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), también manifestó su disposición a enfrentar los desafíos del circuito, reconociendo su alta complejidad y la alta densidad poblacional de municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl. «Para eso estamos preparados», afirmó.
El principal reclamo ciudadano que Latorre identificó durante su trabajo en campo fue el rezago en la atención de asuntos, un problema que atribuye a la falta de personal en las instituciones, más que a la falta de profesionalismo de los servidores públicos. Ambos jueces esperan contribuir a reducir este rezago. El nombramiento de Ortega y Latorre marca un nuevo capítulo en la lucha contra la delincuencia organizada en una de las regiones más complejas del país, pero también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales con mayor personal y recursos para garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema.
