Un grupo de mil 100 jueces de distrito y magistrados de circuito acusan a la reforma de ser un «golpe de estado técnico» y buscan la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por ello, presentaron una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga y evite la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los juzgadores argumentan que la reforma, que se encuentra en su fase final de discusión en la Cámara de Diputados, representa un «golpe de estado técnico» que busca desmantelar la independencia judicial y concentrar el poder en manos del gobierno.
En un documento presentado en Washington, los jueces señalan que los diálogos sobre la reforma fueron simulados e inútiles, y que la propuesta final busca «legitimar el cese de todas las autoridades judiciales» que actualmente defienden los derechos humanos en México.
Acusan al gobierno de buscar reemplazar a los jueces independientes por «actores institucionales altamente politizados» que se sometan a las agendas del partido en el poder.
«La reforma judicial busca deshacerse prácticamente de la totalidad de juzgadoras y juzgadores que actualmente tienen un claro rol de defensores de derechos humanos y reemplazarles por actores institucionales altamente politizados que se deban a las agendas políticas de las mayorías electorales en el poder», señala el documento.
Los jueces también critican el cese masivo de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los juzgadores federales, argumentando que se trata de una estrategia para anular el control al poder que se vive actualmente en México. Acusan al gobierno de «disfrazar» su agenda de concentración de poder con un discurso de «legitimación democrática».
«Este comportamiento autocrático del gobierno federal y sus mayorías legislativas, ha sido paradójica y perversamente disfrazado con un discurso de supuesta ‘legitimación democrática’, pero en la realidad envuelve una agenda de concentración total del poder que anula principios esenciales de la democracia representativa interamericana y que configura una ‘jugada política’ que consolida un golpe de estado técnico, como ya fue advertido antes», apuntan los jueces.
La solicitud a la CIDH se basa en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permite a la Comisión intervenir en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Los jueces esperan que la CIDH active sus mecanismos para evitar que la reforma judicial se apruebe y se consolide un «golpe de estado técnico» en México.
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