Un juez federal determinó que el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas Villarreal, afectó directamente a la empresa Duranpark, al expropiarle los terrenos que le había cedido el gobierno estatal anterior, a cargo de José Rosas Aispuro, y en los cuales, la compañía ya había hecho una importante inversión económica para el desarrollo del Centro Logístico e Industrial de Durango (CLID).
El CLID es un parque industrial estratégico para el aprovechamiento del T-MEC y el fenómeno del nearshoring (relocalización empresarial), que impulsa la economía local y nacional, además de generar miles de empleos.
El juez primero de distrito en Durango, Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, concedió, en abril pasado, una suspensión definitiva para evitar el despojo, pues concluyó que la ejecución del decreto de expropiación con el que Villegas oficializó el retiro de los derechos sobre los terrenos de unas 200 hectáreas constituye una afectación a la propiedad y posesión de los inmuebles de la compañía Duranpark.
Duranpark y Caxxor Group tienen en su poder un convenio firmado con el gobierno del estado, cuando fue gobernador José Rosas Aispuro Torres, que avala a las empresas como poseedoras legales de los terrenos para desarrollar el CLID. Sin embargo, apenas en marzo pasado, el actual mandatario de Durango, Esteban Villegas, rompió unilateralmente el convenio, argumentando un supuesto incumplimiento y en un arranque de enojo.
Según el mandatario estatal, ninguna de las dos empresas hizo las inversiones acordadas, pero sus propias declaraciones fueron contradictorias, ya que también aceptó que Duranpark sí invirtió en los terrenos que le expropió. «Había un acuerdo de que ellos tenían que meterle ‘x’ número de infraestructura a esos terrenos, que nunca le metieron; los de Duranpark sí le metieron. El convenio era que le tenían que meter como 700 millones de pesos, le metieron 18 millones”.
Villegas Villarreal acusó a Duranpark de querer registrar los terrenos a su nombre; “por supuesto que sí me molesté con ellos y les dije: se acabó el acuerdo”, declaró el mandatario pero sin mostrar las pruebas.
Y como represalias, realizó la expropiación de los terrenos, pese a la inversión realizada.
El dictamen aprobado por el Congreso Local, para formalizar la expropiación del Gobernador fue publicado el 29 de febrero de 2024, por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. En el documento se estableció que los nuevos beneficiarios de la enajenación gratuita de los terrenos en cuestión serían ahora las empresas COFICAB y Multipak, sobre Duranpark y Caxxor Group. Esto a pesar de la resolución del juez primero de distrito en Durango, Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, que concede la razón a Duranpark.
