Una jueza federal concedió una suspensión definitiva en favor de la conductora de televisión Inés Gómez Mont Arena, brindando protección indefinida a sus cuatro hijos menores para evitar que sean entrevistados o valorados psicológicamente en el caso de supuesto delito de violencia familiar.
La jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del Quinto Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó la medida cautelar, aunque esta no detiene la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras una denuncia de su exesposo, Javier Díaz.
Recientemente, Inés Gómez Mont solicitó el amparo para proteger a sus hijos contra una orden del juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Diez, quien había ordenado que los menores fueran presentados para entrevistas o evaluaciones psicológicas.
La jueza admitió la demanda y otorgó la suspensión, argumentando que someter a los menores a tales evaluaciones podría revictimizarlos. Explicó que la pericial en psicología para examinar a los menores, como víctimas de un delito, podría causarles revictimización, es decir, acciones que generen recuerdos traumáticos y conlleven estados de ansiedad, estrés y otras afectaciones a su vida cotidiana.
Además, la jueza ordenó al titular de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México que designe a un funcionario como representante especial de los menores involucrados.
La suspensión no implica detener la investigación que el Ministerio Público debe continuar, ya que es de orden público y no puede ser suspendida.
Cabe destacar que, a nivel federal, existen órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR). Una de estas órdenes se debe a su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y también se ha ordenado la detención de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por un supuesto desvío de más de 3 mil millones de pesos.