Durante la conferencia matutina de este martes, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aclaró que es falso que la nueva Ley de Telecomunicaciones represente una amenaza a la privacidad o que tenga fines de espionaje.
Explicó que el artículo 182 del dictamen aprobado en el Senado es equivalente al artículo 189 de la ley vigente, y ambos establecen que toda colaboración de los operadores con las autoridades debe realizarse únicamente mediante un mandamiento escrito, fundado y motivado, emitido por una autoridad competente.
Esta disposición se basa en el artículo 16 de la Constitución, que exige autorización judicial para realizar intervenciones.
Asimismo, señaló que el artículo 183 del dictamen actual es idéntico al vigente, lo que confirma que no hay modificaciones que amplíen facultades para el monitoreo de comunicaciones sin control judicial.
Agregó que el artículo 190, aprobado originalmente en 2014 por los partidos PAN y PRI, ya obliga a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades de procuración de justicia, conforme a lo que establecen otras leyes aplicables.
