El día 26 de abril, colectivos y voceros entregaron al Senado 41 mil 530 firmas recabadas para impulsar una iniciativa ciudadana de ley para proteger a la ciudadanía de los productos y servicios promocionados por influencers.
Maximilian Murck, director general de Tec-Check; Arturo Hernández, de «Los Supercívicos»; Héctor Trejo, de What The Fake; y Daniela Shmill, directora de campañas de Change.org buscan evitar que se repitan hechos como el llamado de influencers a votar por el PVEM en plena veda electoral durante el 2021 y quieren hacerlo a través de la Ley Influencer para regular y transparentar la publicidad que hacen y reciben estas cuentas que denominamos influencers.
«La gente que se denomina influenciadora está haciendo las cosas muy mal y por eso esta ley trata de poner un poquito de orden en todo esto”, indicó el Comandante Hernández, de Los Supercívicos.
De acuerdo con lo mencionado en la iniciativa impulsada en Change.org, el objetivo de la “LeyInfluencer es que haya una política pública para proteger a la ciudadanía frente a los servicios y productos que ofrecen los influencers.
Además de con @whatthefffake @teccheckmx y @Change_Mex, en esta incidencia hemos colaborado con @supercivicosmx para hacer de la #LeyInfluencerYa algo real. Que orgullo estar contigo en esto. pic.twitter.com/XIr2iEQpC9
— Héctor Trejo (@HectorTrejo) April 26, 2022
Además, plantea que estos creadores de contenido no sólo se les brinde certeza sobre cómo publicitar sus mercancías o mensajes, sino también que los involucrados en esta cadena como marcas, agencias de marketing, entre otras, se responsabilicen de lo que anuncian.
“En México estos personajes tienen completa libertad para abusar de la confianza de sus seguidores para generar ganancias y recibir beneficios sin tener que transparentar sus relaciones comerciales disfrazadas de ‘recomendaciones’”, se lee en el comunicado.
Entre las medidas propuestas están la obligatoriedad para influencer y creadores de contenido para transparentar la publicidad de forma explícita, inmediata y adecuada y que haya una organización de la sociedad que monitoreé el cumplimiento de la ley.
