La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retirar de su lista de asuntos el proyecto sobre prisión preventiva oficiosa. La petición, realizada por el consejero adjunto Raúl Armando Jiménez Vázquez, busca que la nueva integración del Alto Tribunal defina el criterio sobre este tema.
En un oficio dirigido a la presidencia de la Corte, se argumenta la necesidad de que el cumplimiento de la sentencia internacional del caso García Rodríguez y otro vs. México (25 de enero de 2023) se realice «dentro de los cauces constitucionales y con una adecuada coordinación institucional». La Corte remitió la solicitud al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá determinar la procedencia de la petición.
El expediente en cuestión se relaciona con la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró inconstitucional la prisión preventiva automática. A pesar de ocupar el lugar 18 en la lista de asuntos del Pleno, su discusión antes del 16 de julio es improbable, considerando que las sesiones plenarias se llevan a cabo únicamente los martes (15 de julio, 5 y 12 de agosto). La sesión del 12 de agosto está prevista para incluir el informe final de la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández.
Incluso en el caso de que se discutiera el proyecto del Ministro Pardo Rebolledo –lo cual requeriría más de una sesión–, se daría prioridad al proyecto de la Ministra Margarita Ríos Farjat, que propone declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Este proyecto, pendiente de discusión por más de un año y medio, se suma a otros dos sobre el mismo tema, presentados por los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Pardo Rebolledo, con propuestas similares para invalidar la prisión preventiva automática.
La solicitud de la Presidencia busca, por tanto, asegurar una resolución coherente y coordinada con la sentencia internacional, bajo la nueva composición de la Corte.
