La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, rechazó otorgar una prórroga al Congreso de la Unión, acusándolo de una conducta desafiante al no haber cumplido con la sentencia que le exigía la publicación de la Ley General de Aguas.
En un plazo de 10 días hábiles, las Cámaras de Senadores y Diputados deben informar sobre el estado actual del proceso legislativo para la mencionada ley, bajo la amenaza de posibles multas en caso de incumplimiento.
La presidenta de la Corte destacó la falta de cumplimiento de ambas cámaras, a pesar de los múltiples recordatorios y requerimientos realizados. Esta situación podría acarrear responsabilidades constitucionales según lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley Reglamentaria.
Piña Hernández detalló que la Cámara de Senadores presentó el proyecto de Dictamen para la Ley General de Aguas, mientras que las Comisiones de Estudios Legislativos y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural se encuentran evaluando dicho proyecto.
Por otro lado, la Cámara de Diputados mostró un documento de trabajo con diversas iniciativas y un diagnóstico sobre la problemática del agua en México.
Ante la falta de respuesta concreta por parte de ambas cámaras, la presidenta de la Corte denegó la solicitud de prórroga, subrayando que no tiene la facultad de modificar la sentencia emitida por el Pleno de la SCJN.
En enero de 2022, la Corte resolvió 11 controversias constitucionales presentadas por municipios de Chihuahua, quienes cuestionaron la omisión del Congreso al no expedir la Ley General de Aguas, tal como lo ordenaba un Decreto presidencial de 2012. A pesar de la orden de la Corte, la Ley de Aguas Nacional de 1992 sigue vigente.
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