El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano (JDC) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), impugnando la elección judicial del pasado 1 de junio y solicitando su nulidad. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas («Alito»), acusó graves irregularidades durante el proceso, incluyendo el supuesto relleno de urnas, el uso de recursos públicos federales y la manipulación de las votaciones a través de las llamadas «listas de acordeón».
Moreno Cárdenas argumentó que, de acuerdo con las leyes electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la facultad de anular elecciones si se prueban «graves irregularidades dolosas y determinantes». El dirigente priista exigió la repetición del proceso electoral para garantizar la equidad y denunció una «imposición clara desde el poder» del gobierno de Morena, calificando el proceso como una violación a los principios constitucionales.
«Este proceso no fortaleció el Estado de derecho, sino que consumó una imposición desde el gobierno de Morena», afirmó Moreno Cárdenas en una conferencia de prensa en las instalaciones del INE. El líder del PRI advirtió que, de ser necesario, el partido acudirá a instancias internacionales: «Si es necesario, iremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la democracia no se negocia. No permitiremos que este gobierno autoritario consolide una dictadura en México. Defenderemos la democracia y los derechos de los mexicanos hasta las últimas consecuencias». La impugnación del PRI promete intensificar la controversia en torno a la elección judicial y sus implicaciones para el sistema democrático mexicano.
