Un juez federal en Baja California rechazó la solicitud de Julio César Chávez Carrasco para detener su arresto, manteniendo vigente la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas. Si bien el juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez concedió una suspensión provisional para evitar que Chávez Jr. permanezca incomunicado tras su detención en México, esta medida es condicional y podría perderse si el abogado del boxeador, Christian Camacho Ruíz, no ratifica la demanda de amparo en tres días.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha acusado a Chávez Jr. de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Gertz Manero declaró en conferencia de prensa que el boxeador ha interpuesto entre cinco y seis amparos para evitar su detención, pero que la FGR ha negado todas las solicitudes. El fiscal también acusó a las autoridades estadounidenses de proteger a Chávez Jr., alegando que conocían de la orden de aprehensión desde 2023 y que permitieron que el boxeador residiera y actuara libremente en Estados Unidos.
La suspensión provisional otorgada solo garantiza que, si es detenido, Chávez Jr. sea puesto a disposición del Ministerio Público sin demora y no se le niegue el derecho a comunicarse. Sin embargo, la falta de aclaración por parte del abogado sobre la jurisdicción del amparo, dirigido inicialmente a un juez de la Ciudad de México, pone en riesgo la validez de la suspensión. La FGR afirma que la orden de aprehensión permanece activa y que buscará la extradición de Chávez Jr. si es necesario.
La situación legal de Chávez Jr. sigue incierta, dependiendo de la ratificación de la demanda de amparo en el plazo establecido. El caso ha generado un intenso debate público, con la FGR defendiendo su acción y la defensa del boxeador buscando evitar su arresto.
