El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, resaltó que la iniciativa de Reforma Judicial que se analiza en la Cámara de Diputados, no supone un cambio estructural e integral susceptible a resolver los problemas que aqueja a la impartición de justicia en el país, y se pronunció por mejorar las leyes.
“Pregunto: ¿La votación popular de esa lista políticamente selecta de personas permitirá que la ciudadanía acceda más fácil y con menos costo a una justicia mexicana sustantiva e imparcial? La respuesta, dijo, es no”.
En los dialogos realizados por la Cámara de Diputados, el ministro expuso que aunque la reforma apunta a un objetivo loable, dado que acceder a la justicia es hoy en día costoso, tardado y en algunos casos imposible.
“No gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma que como está planteada politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras, discretas y talentosas”.
Si tanto se ha repudiado el enorme costo de las elecciones para ahora multiplicarlo, y ee ha criticado el nombramiento politizado de las y los ministros para ahora generalizarlo, “y si tanto se ha repudiado el amiguismo para ahora trasladar al Poder Judicial”.
Por ello, llamó a invertir más en personas juzgadoras con más capacitación, más contrapesos, no politizar la vida judicial ni convertir las boletas electorales en una revalidación del influyentísimo.
El ministro propuso que el voto popular permita evaluar el desempeño de personas juzgadoras. “Usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y, por tanto, deban permanecer en el cargo o bien ser removidos. El voto popular, afirmó, no debe ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o magistrados; al contrario, el voto popular sí puede servir para premiar e incluso para castigar a jueces formados en la carrera judicial y así responsabilizarlos frente a la sociedad”,
Sobre esto, el diputado Gerardo Fernández Noroña, le recordño que él llegó como una propuesta del Ejecutivo actual, lo cual dio no vio mal, ni politizado en su momento.
A su vez, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN, hizo un recuento de las etapas de la historia del país en que se votó a los jueces, lo cual no debe de temerse ahora.
“Solo los tiranos deben temer a la democracia. En una República soberana, democrática y popular, como la nuestra, la democracia es la única forma en que el pueblo realiza plenamente su soberanía”, precisó.
A su vez, la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, considero que si bien todos ellos deben someterse al escrutinio público a través del voto popular con rigor técnico, no podemos hablar propiamente de una elección, pues se encuentran desempeñando sus puestos, por lo que, siguiendo la lógica de la Constitución, se debe pensar en un procedimiento transitorio único de revocación del cargo.
Ello, abundó, conforme a un sistema análogo y, proporción guardada, como el previsto para el titular del Ejecutivo Federal, que también es un sistema de participación ciudadana respecto del cual ya se tuvo un ejercicio exitoso orquestado en todo el país por el Instituto Nacional Electoral en 2022.
Planteó un artículo transitorio para establecer que tanto magistradas, magistrados de circuito, así como juezas, jueces de distrito actualmente en funciones, participen en una jornada electoral de revocación del cargo dentro de la circunscripción electoral, a fin de que se les revoque su nombramiento, si así lo determina la mayoría de la ciudadanía, dentro de una participación de al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
Y el ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se pronunió por una reforma basada en la evidencia científica, en fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, consolidar la excelencia en la impartición de justicia en los tribunales superiores de los estados, mejorar los procesos judiciales, fortalecer y ampliar el servicio de la defensoría pública, propiciar la capacitación y prestaciones dignas a quienes integran la carrera ministerial en las fiscalías, la profesionalización y dignificación del trabajo policial.
Asñi que una reforma que no vaya en ese sentido y que busque eliminar de golpe la estructura actual de un Poder Federal del Estado no es idónea, ya que el trabajo Judicial no es un trabajo más del servicio público, sino de un compromiso de vida que exige vocación, disciplina y asumir riesgo a su persona y sus familias.
