La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó un acuerdo previo que permitía la entrada a los incidentes de inejecución de sentencia presentados por los abogados de ocho presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre estos acusados se encuentra Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, supuesto jefe de sicarios del grupo Guerreros Unidos.
Los defensores de los acusados buscaban que la Corte interviniera debido a que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no cumplió con una sentencia de 2018. Esta sentencia, emitida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ordenaba la creación de la Comisión de la Verdad del Caso Iguala.
El proyecto, presentado por la ministra Loreta Ortiz Ahfl, fue aprobado por la Sala y declaraba fundados los recursos de reclamación interpuestos por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y por Mario Patrón, ex director del Centro Prodh. Estos reclamaban contra un acuerdo del ex presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, que había abierto un incidente de inejecución de sentencia, argumentando que la PGR estaba imposibilitada para cumplir con el fallo.
Funcionarios judiciales indican que el proyecto de la ministra Ortiz Ahfl determinó que no se cumplían los requisitos para abrir dicho incidente. Además, los padres de las víctimas y sus defensores sostuvieron que la Corte no puede actuar como una cuarta instancia en un fallo ya definitivo. El caso ahora regresará a un Tribunal Colegiado para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia original.
El 27 de septiembre de 2018, Aguilar Morales permitió la entrada de los incidentes de inejecución de sentencia solicitados por los abogados de ‘El Gil’ y otros acusados, como Felipe Rodríguez Salgado (‘El Cepillo’), Salvador Reza Jacobo, Patricio Reyes Landa (‘El Pato’), Jonathan Osorio Cortés (‘El Jona’), Darío Morales Sánchez (‘El Comisario’), Agustín García Reyes (‘El Chereje’) y Miguel Ángel Landa Bahena (‘El Chequel’ o ‘El Duba’). La PGR había argumentado una imposibilidad jurídica para formar la comisión ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Reynosa, Tamaulipas.
Los magistrados del Tribunal concedieron amparo a los acusados y ordenaron reponer el procedimiento, incluyendo la realización del Protocolo de Estambul por peritos independientes debido a sospechas de tortura. La sentencia también garantizaba a los miembros de la comisión acceso libre e inmediato a cualquier centro de detención y otras instalaciones relevantes, incluidos lugares bajo jurisdicción militar.
La Corte, en su momento, había justificado la admisión de los incidentes citando el derecho a la pronta administración de justicia, como lo establece el artículo 17 de la Constitución, y las repetidas declaraciones de la PGR sobre la imposibilidad de cumplir con la sentencia.
Cabe mencionar que el 3 de diciembre de 2018, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
