En una iniciativa legislativa presentada hoy en San Lázaro, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, propuso tipificar el delito de corrupción inmobiliaria y aplicar prisión preventiva oficiosa para quienes lo cometan.
Mejía definió el delito como: “la colusión entre servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios para alterar, omitir o falsificar trámites para modificar legalmente usos de suelo, para construir sin permisos, vender sin servicios la infraestructura, para burlar la ley y lucrar con el derecho a la vivienda”.
El legislador advirtió que esta red delictiva, que él denominó “cártel inmobiliario” o “cártel del despojo”, involucra a múltiples actores, como titulares de registros civiles, catastros, áreas de desarrollo urbano, jueces civiles y notarios públicos. Según Mejía, estas prácticas corruptas han provocado gentrificación, encarecimiento de la vivienda e incremento de la desigualdad urbana, además de institucionalizar el abuso de poder.
La finalidad de su iniciativa es cerrar las brechas que permite este tipo de corrupción mediante tres medidas clave:
Tipificación específica del delito de corrupción inmobiliaria en el Código Penal Federal.
Aplicación de prisión preventiva oficiosa, para garantizar que los presuntos responsables no obstruyan el proceso.
Endurecimiento de sanciones para servidores públicos y particulares involucrados en el esquema ilícito.
Mejía subrayó que el actual vacío legal facilita la manipulación de trámites, la evasión de normas urbanísticas y la venta de viviendas sin servicios, todo ello con fines de lucro y sin protección a los derechos fundamentales sobre la vivienda.
La propuesta ya fue turnada a la Comisión de Justicia para su debate y eventual dictamen. De ser aprobada, implicará reformar el Código Penal para incorporar el nuevo tipo penal y establecer las circunstancias en las que corresponderá prisión preventiva automática para los inculpados.
