Entre la opinión pública ha causado controversia las diferencias entre los procesos judiciales del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y la ex secretaria de Estado, Rosario Robles; ambos funcionarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El 13 de agosto de 2019, Robles Berlanga fue recluida y vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, puesto que durante su administración se disiparon cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
A pesar de que la ex funcionaria se presentó de manera física ante la autoridad para responder sobre sus acusaciones, le fue dictada prisión preventiva por riesgo de fuga, por lo que continúa recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Ante ello, la que fue secretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado interpuso varias solicitudes de amparo para llevar su proceso en libertad, sin embargo continúa confinada en el centro de reclusión.
Posterior a ello, la acusada argumentó ser una persona mayor de 60 años con hipertensión y rinitis crónica, además que los delitos que se le imputan no requieren la medida cautelar, sin embargo las condiciones no cambiaron.
Las acusaciones a Robles Berlanga surgieron después de que una investigación periodística reveló que 11 de las dependencias federales de la gestión de Peña Nieto desviaron miles de pesos a través de diversas empresas fantasma y contratos ilegales.
En su contra parte, el ex director de Petróleos Mexicanos se encuentra en un hospital privado de la Ciudad de México, mientras lleva su proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Tras haber sido fugitivo de la justicia mexicano, fue detenido y extraditado desde España hacia tierras mexicanas, sin embargo el juez Artemio Zúñiga Mendoza, quien lleva el caso, ordenó que usara un brazalete de monitoreo electrónico y que estaría impedido para salir del país.
De acuerdo con la revisión médica a petición de los familiares de Lozoya Austin, al imputado fue diagnosticado con síntomas anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, por lo continúa su proceso penal desde un nosocomio.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó que cuando Lozoya era coordinador internacional de campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, prometió al entonces representante de Odebrecht en México sería favorecido con contratos gubernamentales en caso de ganar.
También se le imputa el delito de cohecho por reunirse con representantes en la empresa brasileña cuando ya era director de Pemex y estos le solicitaron su apoyo para ser beneficiados con contratos de obras públicas.
Ante ello, el exdirector de Pemex señaló que al aceptar su extradición, pretende colaborar con las autoridades mexicanas y solicitó desactivar la orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht.
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