Claudia Bolaños
Y Sepa la Bola… pero en la paraestatal más importante del país, Petróleos Mexicanos (Pemex), ya hay señalamientos, desde su interior, sobre una red tan silenciosa como eficaz. Sus rostros y métodos comienzan a quedar expuestos por trabajadores inconformes con las irregularidades, lo que ha llevado a la presentación de varias denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con la denuncia 51905/2025, se cita que en el centro de esa estructura se encuentra Sergio Rosado Flores, funcionario con poder transversal, señalado de haber convertido su posición en palanca para beneficiar a empresarios, exfuncionarios y aliados.
En la querella se indica que otorgó, sin licitación, un contrato para la venta de coque en la refinería de Cadereyta a Miguel Peleitero, exjefe suyo.
La empresa beneficiada fue Noble Petróleo. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Fue discrecional? ¿Se causó un daño económico millonario a Pemex?
Nos damos cuenta de que el caso Cadereyta es solo una pieza. En los últimos años, se indica en la denuncia con acuse 21/03/2025, que Rosado, Gabriela Cano, Blanca Marisa Mendoza y Eduardo Padilla Yebra han promovido una serie de adquisiciones e inversiones disfrazadas de “estratégicas”.
La terminal privada de Tuxpan (Servitux), clausurada por riesgos ambientales y deficiencias técnicas, estuvo a punto de ser comprada por Pemex en más de 300 millones de dólares. Ya hay señalamientos de que la operación fue tan forzada que obligó a la nueva administración a intervenir y remover por la fuerza a Padilla, quien se negaba a dejar el cargo.
La mecánica es precisa: empresas privadas diseñan proyectos; funcionarios de Pemex los etiquetan como infraestructura esencial; y el presupuesto público completa la operación. Todo bajo la narrativa de “soberanía energética”.
Cabe preguntarse si la Secretaría de la Función Pública, la ASF o el propio Consejo de Administración de Pemex llegarán a castigar esto. Mientras no se rompan las redes, no hay reforma energética que salve lo que se está pudriendo desde dentro.
Y Sepa la Bola… pero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocurrió algo muy bueno para las víctimas de la Línea 12 del Metro.
Tras casi cuatro años de lucha, se obliga al consorcio encabezado por Carso Infraestructura y Construcciones (CICSA) a cumplir con indemnizaciones justas, no migajas.
La SCJN dejó firme la sentencia que ordena a CICSA otorgar una indemnización mayor a los afectados por la caída de la Línea 12 del Metro.
El 3 de mayo de 2021 hubo 26 personas muertas y cerca de 101 heridas, por deficiencias en la construcción de la antes llamada Línea Dorada.
Los de CICSA buscaban, mediante un amparo, pagar pequeñas indemnizaciones a las víctimas. Pero ahora sí se aplicó la justicia, y las indemnizaciones deben servir para una justa reparación del daño, que contemple no solo daños físicos, sino también psicológicos y económicos, tanto para las víctimas como para sus familias.
Y Sepa la Bola… pero quienes recibieron una atención digna por parte de Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía capitalina, son las familias de las víctimas del extinto feminicida serial de Iztacalco, Miguel Cortés Miranda.
La fiscal, quien recientemente cumplió sus primeros 100 días de trabajo, se comprometió a concretar los procesos de reparación del daño para cada una de las jóvenes a quienes este individuo asesinó y/o desapareció.
