SCJN ratifica obligación de instituciones públicas de salud de garantizar el acceso al aborto

Suprema Corte ratifica obligación de instituciones públicas de salud de garantizar el acceso al aborto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una nueva jurisprudencia, por unanimidad, que refuerza la obligación de todas las instituciones públicas de salud en México de garantizar el acceso al aborto. Esta decisión resuelve una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, algunos de los cuales se negaban a acatar la sentencia de 2021 que despenalizó la interrupción del embarazo en sus etapas iniciales.

La jurisprudencia, resultado de un proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek, establece que las autoridades administrativas de todas las entidades federativas deben implementar, difundir y organizar los servicios de salud para la interrupción voluntaria del embarazo. Ignorar esta obligación, según la Corte, implica desconocer el derecho a la salud y los riesgos asociados con abortos clandestinos e inseguros, poniendo en peligro la vida e integridad de las mujeres.

El ministro Laynez Potisek enfatizó que la interpretación del derecho a la salud y los derechos reproductivos debe ser congruente con los precedentes de la Corte. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo incluye la obligación del Estado de proveer los servicios de salud necesarios para su ejercicio seguro.

La decisión de la Corte fue recibida con críticas por parte de algunos sectores. El ministro Alberto Pérez Dayán dirigió una reprimenda al Tribunal Colegiado de Puebla por su negativa a acatar la sentencia de 2021, recordando que las decisiones de la Suprema Corte en materia de derechos humanos son de aplicación nacional.

La ministra Margarita Ríos Farjat reconoció la paradoja existente: mientras se establece la obligación administrativa de brindar el servicio, persiste la legislación penal que considera el aborto un delito en varias entidades. Esta incongruencia genera inseguridad jurídica, afectando particularmente a las mujeres más vulnerables que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros.

La ministra Lenia Batres Guadarrama aportó datos que muestran una reducción significativa en las muertes maternas relacionadas con el aborto desde la despenalización, pasando de 89 casos entre 2002 y 2007 a 47 en 2024. Esta reducción evidencia el impacto positivo de la legalización y el acceso a servicios de salud seguros. La decisión de la SCJN representa un paso significativo hacia la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres en México, aunque persisten desafíos en la armonización de la legislación a nivel estatal.