La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista la posibilidad de una “extracción” del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de autoridades de Estados Unidos, y subrayó que cualquier procedimiento debe apegarse a la legislación mexicana y a los mecanismos formales de cooperación internacional.
La mandataria dejó en claro que, ante la solicitud de detención provisional con fines de extradición, corresponde a la Fiscalía General de la República revisar si existen pruebas suficientes antes de cualquier decisión. Insistió en que no se actuará por presiones externas ni mediáticas, sino conforme al marco jurídico nacional.
“Primero, antes que nada, son las pruebas”, sostuvo, al reiterar que la fiscalía debe determinar si procede o no abrir una investigación y, en su caso, emitir un posicionamiento que se canalizaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En su posicionamiento, la presidenta marcó distancia frente a escenarios de acciones unilaterales como las que han generado controversia en el pasado.
Cabe recordar que uno de los antecedentes recientes es el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, un episodio que provocó cuestionamientos sobre la soberanía y la legalidad de operaciones de este tipo.
Sheinbaum enfatizó que su gobierno actuará bajo principios de legalidad y respeto a la soberanía, y que cualquier proceso relacionado con el gobernador sinaloense se resolverá exclusivamente por las vías institucionales previstas en la ley mexicana.
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