Sheinbaum exige pruebas contundentes contra Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer su postura en un escrito que leyó en la conferencia mañanera y en el que refiere la falta de pruebas en la orden de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que sería un interés político de Estados Unidos.

Informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra ciudadanos mexicanos, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su evaluación conforme a la legislación nacional.

Explicó que dichas solicitudes coinciden con la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de hacer públicos cargos en el Distrito Sur de Nueva York contra diez personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, un senador y un alcalde.

Señaló que la difusión de estos documentos generó un extrañamiento por parte del área jurídica de la cancillería, al tratarse de procesos que, por tratado, deben mantenerse confidenciales.

La mandataria indicó que la Fiscalía analizará la documentación recibida para determinar si existen elementos probatorios suficientes que justifiquen las solicitudes, y actuaría en consecuencia bajo la jurisdicción mexicana

Y de manera paralela iniciará una investigación propia para verificar si hay datos que sustenten las acusaciones.
Subrayó que, conforme a la ley mexicana, cualquier orden de aprehensión requiere pruebas que permitan inferir la probable comisión de un delito.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno actuará bajo los principios de legalidad y soberanía. “Si la Fiscalía recibe pruebas contundentes e irrefutables, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, afirmó. Añadió que no se protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, de no existir pruebas claras, las imputaciones tendrían un carácter político.

“México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación”, expresó, al enfatizar que no se permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en asuntos que corresponden exclusivamente al país. Reiteró que la posición de su administración se basa en “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.