La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra a las puertas de resolver el litigio entre el senador Ricardo Monreal Ávila y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, iniciado tras la difusión de un audio por parte de la mandataria estatal. La ministra Margarita Ríos Farjat presentará el miércoles un proyecto de sentencia que propone amparar a Monreal y ordenar la eliminación del material difundido.
El caso se remonta a octubre de 2022, cuando Sansores, en su programa «El Martes del Jaguar» y redes sociales oficiales, divulgó un audio de una conversación entre Monreal y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. La gobernadora, quien aseguró haber recibido el audio de forma anónima, insinuó que Monreal estaba involucrado en la manipulación del sistema de justicia.
Monreal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por intervención ilegal de comunicaciones privadas, y una demanda de amparo para la eliminación del contenido. Un juez federal le otorgó inicialmente el amparo, considerando que Sansores difundió información no objetiva ni imparcial, vulnerando los derechos de Monreal. Sansores apeló, argumentando que no actuó con «real malicia».
El proyecto de sentencia de la ministra Ríos Farjat considera que el caso es trascendental por involucrar la libertad de expresión de dos funcionarios públicos. Se argumenta que los criterios del sistema dual de protección y la «real malicia» no son aplicables en este tipo de conflictos. La ministra destaca que las expresiones de Sansores fueron emitidas en su calidad de funcionaria, utilizando medios oficiales de comunicación y recursos públicos.
El proyecto concluye que la información difundida por Sansores, aunque de interés público, no cumplió con el deber de constatar razonablemente los hechos, divulgando datos de procedencia dudosa que atentan contra la privacidad de Monreal. Se enfatiza que un alto mando gubernamental no puede emitir cualquier expresión sobre otra persona utilizando recursos públicos, incluso si la persona afectada también es funcionaria pública. En este caso, la falta de diligencia en la verificación de la veracidad de la información es crucial. El proyecto propone, por tanto, amparar a Monreal y ordenar la remoción del material difundido.
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